Hay una frase que circula cada vez que una comunidad originaria le dice no a una empresa transnacional extractiva. La frase aparece en redes, en columnas de opinión, en mesas de café y hasta en bocas que se consideran progresistas. La frase dice: "Si no quieren la minera/energética ahí, digan dónde sí". Hay otra que dice: "Mientras ustedes defienden un estado, les están robando la frontera".

Ambas parecen razonables. Ambas parecen incluso insurgentes. Y precisamente por eso son tan peligrosas, porque funcionan como sentido común, pero son la voz del mismo sistema que despoja.

Este artículo es investigación posicionada, sustentada con datos, escrita desde el territorio yoreme y ódami de la Sierra de Sinaloa — un territorio donde el 30.13% del suelo ya está concesionado a la minería. Se escribe para desmontar dos ideas que paralizan la defensa territorial y, con ello, la defensa de la soberanía real del país.

I. "Digan dónde sí": la falacia que convierte a la víctima en responsable del despojo

Cuando una comunidad dice no a un proyecto extractivo en su territorio, la reacción inmediata del discurso dominante es exigirle una alternativa: ¿Dónde sí, entonces? El país necesita inversión. Esta exigencia parece lógica. Es una falacia de inversión de la carga de la prueba — onus probandi — que traslada la responsabilidad del agresor a la comunidad agredida.

Lo que esa pregunta realmente dice es: acepto como inevitable que alguien va a ser despojado; solo negociemos a quién le toca. Presupone que la extracción es un destino, una fuerza natural. Reduce a los pueblos a gestores de su propio despojo.

El derecho internacional opera en dirección contraria. El Convenio 169 de la OIT — ratificado por México el 5 de septiembre de 1990 — establece que los pueblos tienen derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo (Artículo 7) y que se les debe consultar antes de la prospección o explotación de recursos del subsuelo (Artículo 15). La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) va más lejos: el Artículo 32.2 obliga a los Estados a obtener el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte tierras o recursos. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo clarificó sin ambigüedad en el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007): en proyectos de gran escala con impacto mayor, el Estado tiene la obligación de obtener el consentimiento — ya ni siquiera de "consultar".

La reforma al Artículo 2 constitucional — publicada en el DOF el 30 de septiembre de 2024 — reconoció por primera vez a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estableció la obligación de consultas de buena fe antes de adoptar medidas que causen impactos significativos en su vida o entorno.

La pregunta ¿dónde sí? es éticamente obscena y jurídicamente improcedente. El estándar legal es consentimiento que la comunidad puede negar. Punto.

II. Lo que realmente significa el "desarrollo" cuando llega una empresa extractiva

Porque la trampa de digan dónde sí funciona solo si asumimos que cuando llega una empresa extractiva, llega el desarrollo. Los datos dicen lo contrario.

Lo que llega son concesiones. Durante el periodo neoliberal (1988–2018) se otorgaron más de 65,000 concesiones mineras en México sobre aproximadamente 117.6 millones de hectáreas. Solo durante el sexenio de Calderón se concesionaron 35.5 millones de hectáreas — el 10.6% del territorio nacional. Hoy quedan vigentes alrededor de 21.3 millones de hectáreas concesionadas. En Sinaloa, según el Panorama Minero del Servicio Geológico Mexicano, se cedieron 1,750,497 hectáreas a la minería — el 30.13% del estado —, mediante casi 2,000 concesiones que copan exactamente la franja de la Sierra Madre Occidental donde nacen los once ríos del estado. En todo México, de los 176 pueblos indígenas reconocidos, 83 tienen concesiones mineras superpuestas a sus territorios.

Lo que llega es pobreza, nunca riqueza. El análisis Los condenados del subsuelo (Beatriz Olivera/Engenera e Isidro Téllez/UNAM, Heinrich-Böll) concluyó que los municipios con mayor producción de metales preciosos presentan los niveles de pobreza más altos del país. Mazapil, Zacatecas — donde opera la mina de oro más grande de América Latina — tiene al 44% de su población en pobreza. Eduardo Neri, Guerrero; Caborca, Sonora; Fresnillo, Zacatecas; Guadalupe y Calvo, Chihuahua: todos municipios mineros, todos entre los más pobres. La actividad extractiva, concluye el estudio, jamás se ha traducido en mejoras claras ni permanentes en las condiciones de vida de las poblaciones locales.

Lo que llega es contaminación. En 2014, la mina Buenavista del Cobre (Grupo México) derramó 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora. Ese mismo año, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, suficientes para cubrir las necesidades de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit combinadas. En 2024, comunidades de Bacoachi bloquearon a Grupo México, que tiene derecho a extraer 53,000 millones de litros de agua en la región del río Sonora.

Lo que se queda es casi nada. México cobra 0.5% de derecho especial sobre oro, plata y platino, permite deducir hasta el 77% del ISR a las empresas mineras, y cobra cero regalías por ventas. El aporte minero al PIB cayó del 9% en 1930 al 4.9% actual. El 93% de los permisos de explotación está en manos de empresas canadienses, estadounidenses y chinas. La riqueza sale del territorio. La pobreza se queda.

Entonces, cuando una comunidad dice no, identifica con precisión lo que el "desarrollo" realmente significa para ella: extracción de recursos, contaminación de agua, destrucción de ecosistemas, desplazamiento forzado, y una pobreza más profunda que la que existía antes de que llegara la empresa. La comunidad que dice no entiende mejor la economía que quien le pide opciones.

III. El "desarrollo" como dispositivo: una palabra inventada para legitimar la extracción

Aquí es necesario hacer un corte. Porque la trampa funciona por algo más profundo que ignorancia de los datos. Funciona porque la palabra "desarrollo" ha sido naturalizada como sinónimo de progreso, de aspiración, de destino inevitable. Y esa naturalización tiene un origen preciso.

El 20 de enero de 1949, en su discurso de toma de posesión, Harry Truman articuló lo que llamó el Punto IV de su política exterior. Dijo: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria; su vida económica es primitiva y está estancada. Ese acto discursivo hizo dos cosas simultáneas: primero convirtió la diferencia cultural en deficiencia económica, y después propuso como remedio universal el capital, la ciencia y la tecnología del primer mundo. Dos mil millones de personas fueron definidas ese día por lo que les faltaba respecto al modelo estadounidense — ya nunca por lo que eran.

Arturo Escobar, en La invención del Tercer Mundo (1996), mostró que el discurso del desarrollo instauró una conciencia epistemológica donde se piensa y se vive según las prerrogativas del centro: confrontar el desarrollo, argumentó, es una necesidad vital para los pueblos del mundo dependiente, porque en ello se juegan la autonomía, la personalidad y la cultura. Gustavo Esteva, en el Diccionario del desarrollo (Sachs, 1992), rastreó cómo el concepto fue evolucionando desde una noción de transformación hacia una forma supuestamente perfecta, fundiendo evolución biológica y progreso social, hasta convertirse en el instrumento discursivo que el capital usa para facilitar la extracción.

Aníbal Quijano lo articuló con la categoría de colonialidad del poder: la estructura de dominación que sobrevive a la independencia formal y que organiza las relaciones sociales en torno a la idea de raza. El colonialismo terminó formalmente; la colonialidad sigue operando. Y el "desarrollo" es su gramática económica. Boaventura de Sousa Santos lo complementó con el concepto de epistemicidio: la destrucción sistemática de los conocimientos del Sur por una línea abismal que separa los saberes válidos (los del centro) de los inexistentes (los de los pueblos).

Cuando alguien dice el país necesita inversión como argumento para que una comunidad acepte la extracción, repite una gramática diseñada en 1949 para clasificar al mundo en función de los intereses del capital estadounidense de posguerra. Esa persona reproduce. Pensar requiere otro esfuerzo.

IV. "No tener crecimiento" como diseño, nunca como accidente

Sí, México necesita inversiones. Eso es verdad. Pero también es verdad que México está atrapado en concesiones firmadas durante el neoliberalismo y en una estructura económica mundial que condiciona el crecimiento a la extracción. Y eso debe entenderse como lo que es: un diseño. Un accidente dura una generación; un diseño dura cinco siglos.

Samir Amin lo conceptualizó como intercambio desigual: el centro devalúa sistemáticamente el trabajo incorporado en los productos de la periferia. Jason Hickel lo cuantificó en Plunder in the Post-Colonial Era (New Political Economy, 2021): el drenaje acumulado del Sur Global asciende a 62 billones de dólares (en dólares constantes de 2011), o 152 billones contabilizando el crecimiento perdido. Solo en 2017, el Norte se apropió de commodities por 2.2 billones de dólares. Por cada dólar de "ayuda" que recibe el Sur, pierde 14 por intercambio desigual. Global Financial Integrity estima que cerca de un billón de dólares sale anualmente de los países en desarrollo en flujos financieros ilícitos — y México es uno de los tres mayores expulsores.

La conclusión de Hickel es soberanía cognitiva pura: los países pobres no necesitan nuestra ayuda; necesitan que dejemos de empobrecerlos.

Desde el 2018 las concesiones han bajado sustancialmente, pero México sigue atrapado entre la exigencia de "desarrollo" y la protección del territorio. Las condiciones impuestas por el FMI, el Banco Mundial, los tratados bilaterales de inversión y el T-MEC son decisiones políticas históricas, nunca leyes de la naturaleza. La reforma a la Ley de Inversión Extranjera de 1993 — que permitió la participación extranjera del 100% en minería — fue una decisión tomada bajo presión estructural del ajuste neoliberal. Y la reforma minera de 2023 — que redujo concesiones de 50 a 15 años y prohibió nuevas concesiones en Áreas Naturales Protegidas — carece de retroactividad, por lo que las concesiones del periodo neoliberal mantienen su duración original.

Nuestra parte, como ciudadanos, empieza por informarnos. Entender cómo funciona la estructura, el dilema en el que está atrapado el estado, sin soltar la defensa de la soberanía desde donde se está perdiendo. Y la soberanía se está perdiendo en el territorio.

V. "Mientras defienden comunidades, les roban la frontera": la narrativa que parece insurgente y sirve al despojo

Esta es quizá la idea más peligrosa de las dos, porque viene vestida de radicalismo. Parece que quien la dice entiende la geopolítica, que ve el tablero completo, que denuncia la ingenuidad de los que "se distraen" con conflictos locales. Esa lectura revela exactamente lo contrario: quien la pronuncia desconoce qué es el despojo y cómo funciona el desplazamiento forzado.

Pensar que la defensa de la soberanía está en la frontera y fuera del territorio que está siendo extraído es asumir que la guerra es solo militar. Que la soberanía se pierde solo cuando entran tanques. Que los misiles son los únicos proyectiles. Pero la guerra que recibimos llega con concesiones mineras, con plantas de amoniaco en humedales sagrados, con metanol "verde" que consume 13,000 millones de litros de agua dulce al año, con tratados bilaterales de inversión que permiten a una transnacional suiza demandar a México si la comunidad rechaza la destrucción de su bahía.

La soberanía es mantener el control de tus recursos, tus sistemas, tus territorios. Eso se pierde aquí, en la sierra, en el humedal, en la milpa — nunca en la línea fronteriza. Cuando Proman/GPO destruyó 28 hectáreas de humedales del Sitio Ramsar Lagunas de Santa María–Topolobampo–Ohuira para construir una planta de amoniaco financiada por el banco público alemán KfW IPEX-Bank, eso fue una pérdida de soberanía. Cuando Pacífico Mexinol (Transition Industries, Houston) proyecta captar más del 70% del flujo de agua dulce de la Bahía de Ohuira para producir metanol con gas de la Cuenca Pérmica de Texas, eso es una pérdida de soberanía. Cuando el 93% de los permisos de explotación minera están en manos de empresas extranjeras, eso es una pérdida de soberanía. La invasión ya llegó. Los misiles tienen nombre de empresa.

Y si dejamos de apoyar a las comunidades que ponen el cuerpo — las mujeres y hombres mayo-yoreme del colectivo ¡Aquí No! en Ohuira, los yaquis que defienden el río Yaqui desde 2010, los wixárika que defienden Wirikuta desde 2009, los ejidatarios de El Bajío que resisten contra la mina La Herradura — porque "hay problemas más grandes en la frontera", habremos hecho exactamente lo que el sistema necesita: vaciar el frente de batalla real para ir a vigilar una frontera que se pierde por abajo, porque los recursos que sostienen al país están siendo extraídos por debajo.

Los pueblos de la Sierra de Sinaloa que resisten la minería son la primera línea de defensa de la soberanía. Cada hectárea que se defiende es una hectárea que queda fuera de la cadena de extracción global. Cada río que se protege es un sistema que sigue funcionando para el territorio — y deja de funcionar para la bolsa de valores de Toronto.

VI. El territorio como ser, no como recurso

Y aquí está la clave que el pensamiento colonial fue diseñado precisamente para que no entendiéramos.

Para los pueblos del Anáhuac — los yoreme, los ódami, los yaquis, los rarámuri, los wixárika — el territorio es Bawe Ania, el mundo del agua donde habita el espíritu. El territorio se funde con el ser humano, con el cielo, con los árboles, con el río. Los seres humanos existimos porque el territorio nos sostiene, nos alimenta, nos organiza, nos da sentido. El territorio le hace un favor al ser humano; el ser humano le debe al territorio — la relación es esa, y siempre fue esa.

Revertir esa comprensión — convertir el territorio en "recurso", convertir el agua en "insumo industrial", convertir el manglar en "área disponible para infraestructura" — fue precisamente la tarea de la lógica colonial. Y fue exitosa. Se instaló como sentido común. Se siente como si tuviera sentido. Lo que tiene es 500 años de inversión deliberada de la relación entre los seres humanos y la tierra que los sostiene, operada para que la extracción parezca progreso y la resistencia parezca atraso.

La pescadora y defensora yoreme Melina Sandoval lo formuló con una claridad que ningún tratado de economía política ha alcanzado: "Es lo que no entienden, que están entrando a un territorio indígena, no a un pedazo de tierra."

VII. Entonces, ¿qué nos toca?

Si el "desarrollo" funciona como dispositivo de despojo y su genealogía es rastreable hasta 1949; si las comunidades que dicen no entienden la economía mejor que quienes piden opciones; si la guerra que recibimos es económica, extractiva y cognitiva; si la soberanía se pierde en el territorio antes que en la frontera — entonces la pregunta ya dejó de ser ¿dónde sí?.

Las preguntas que funcionan son otras:

¿Por qué México cobra 0.5% de regalías sobre oro y plata mientras otros países de América Latina cobran entre 3% y 8%? ¿Por qué el 93% de los permisos de explotación está en manos extranjeras? ¿Por qué la reforma minera de 2023 carece de retroactividad? ¿Por qué se realizan "consultas" en dos ejidos seleccionados arbitrariamente excluyendo a la comunidad adyacente? ¿Por qué una empresa suiza puede amenazar con una demanda millonaria vía mecanismos ISDS si la comunidad rechaza la destrucción de su bahía?

Y sobre todo: ¿por qué seguimos pidiendo opciones a los despojados en lugar de pedirle cuentas al sistema que despoja?

Las comunidades que defienden su territorio llevan años sin esperar que el resto del país entienda lo que ellas ya entendieron: que la guerra llega sin uniforme, que la invasión prescinde de tanques, y que cada hectárea que cae ante la extracción transnacional es soberanía que se fue para siempre.

Defender el territorio es la única defensa real.

Fuentes y datos de referencia

Concesiones mineras en México: Secretaría de Economía vía datos presidenciales: 65,534 concesiones otorgadas entre 1988–2018 sobre ≈117.6 millones de hectáreas; 21.3 millones de ha vigentes (10.6% del territorio). Sinaloa: 1,750,497 ha concesionadas (30.13%), Servicio Geológico Mexicano / OCMAL. 83 de 176 pueblos indígenas con concesiones en sus territorios (UNAM/Iberoamericana/Fundar/Böll, "Así se ve la minería en México", 2021).

Pobreza en municipios mineros: Los condenados del subsuelo (Beatriz Olivera/Engenera, Isidro Téllez/UNAM, Heinrich-Böll). CONEVAL. Mazapil, Zacatecas: 44% en pobreza. Régimen fiscal: 0.5% derecho especial sobre oro/plata/platino; hasta 77% de deducción ISR (Fundar).

Contaminación hídrica: Derrame Buenavista del Cobre (Grupo México), 2014: 40,000 m³ de sulfato de cobre acidulado. Extracción hídrica minera 2014: 437 millones de m³ (CartoCrítica).

Caso Ohuira / Proman-GPO: Inversión ≈860 MDD. Destrucción documentada de 28 ha de humedal/manglar en Sitio Ramsar. SCJN AR 497/2021. Financiamiento KfW IPEX-Bank (Alemania). Colectivo ¡Aquí No! / REMA.

Caso Mexinol / Transition Industries: Inversión anunciada US$3,300 MDD. Producción proyectada: 1.8 MT metanol azul + 350,000 T metanol verde/año. Consumo proyectado: ≈13,000 millones litros agua dulce/año (colectivo ¡Aquí No!, Revista Espejo). Gas natural de Cuenca Pérmica, Texas, vía CFEnergía.

Drenaje global: Jason Hickel, Plunder in the Post-Colonial Era (New Political Economy, vol. 26, nº 6, 2021): 62 billones USD drenados del Sur (152 billones contabilizando crecimiento perdido). Global Financial Integrity: ≈1 billón USD anuales en flujos financieros ilícitos desde países en desarrollo.

Marco jurídico: Convenio 169 OIT (Arts. 6, 7, 15; ratificado por México 5/IX/1990). DNUDPI (Arts. 19, 32; 2007). Art. 2 constitucional (reforma DOF 30/IX/2024). Corte IDH: Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007, párr. 133), Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2012). Reforma minera 2023 (DOF 8/V/2023).

Genealogía del "desarrollo": Arturo Escobar, La invención del Tercer Mundo (1996). Gustavo Esteva, "Desarrollo" en W. Sachs, The Development Dictionary (1992). Aníbal Quijano, Colonialidad del poder (CLACSO). Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del Sur. Samir Amin, La acumulación a escala mundial (1970).