Ohuira, Topolobampo — agosto de 2026

Un niño de cinco años no puede respirar si hay una fuga. Esa es la única cifra que nadie disputa en Ohuira. El resto —el 80, el 88, el 95 por ciento de una obra que ya se levanta sobre el humedal— cambia según quién la mida y para qué la necesite medir. El sábado 1 de agosto, mientras ese niño seguía respirando el mismo aire de siempre, el colectivo ¡Aquí No! se sentó a puerta cerrada con ejecutivos de Proman-GPO, con funcionarios del Gobierno de México haciendo de intermediarios. Al manglar nadie lo invitó a esa mesa. A la bahía tampoco: ese mismo sábado siguió recibiendo lo que recibe desde hace décadas —ocho drenes agrícolas, mercurio sedimentado, el óxido de una termoeléctrica que cambió de combustible y conservó la costumbre.

En Anáhuac, el petlatl —la estera— era el mueble del poder: ahí se sentaba quien mandaba, y de pie quedaba quien obedecía. Esa estera, en Ohuira, lleva doce años tendida sin silla fija para el pueblo yoreme.

Ollin nombra un tiempo que gira, no una línea que avanza, y Topolobampo lo demuestra sin ayuda de ninguna consultora. En 1872 un ingeniero civil llamado Albert K. Owen pisó estas playas y soñó una Ciudad Pacífica: cooperativa, de recursos comunes, rival de San Francisco. Quería un Estado que planificara la explotación y bienes que circularan para beneficio colectivo. Ciento cincuenta y cuatro años después, el Estado sigue planificando, y los bienes siguen circulando: hoy circula amoníaco anhidro rumbo a Koch Fertilizer, la comercializadora agroindustrial estadounidense que se queda con toda la producción antes de que un solo saco toque un surco sinaloense. Owen bocetó una ciudad sin dueño particular; Proman-GPO, filial del grupo suizo-alemán Proman AG, levanta una bahía con dueño extranjero y sin asamblea que la haya aprobado. Junto al amoníaco crece la planta de metanol de Mexinol, con sus propios gasoductos: el corredor petroquímico multiplica cabezas y bebe del mismo golfo con todas ellas.

La Bahía de Ohuira carga enfermedad propia desde antes de esta planta. Es parte del sitio Ramsar Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, 22,500 hectáreas de humedal de importancia internacional decretadas el 2 de febrero de 2009, y aun bajo ese decreto guarda ya el mercurio más alto entre las bahías estudiadas de Sinaloa y Sonora, más plaguicidas organoclorados y décadas de vertido de una termoeléctrica que cambió el combustible sin cambiar el sedimento. El agua tarda unos treinta días en renovarse en esta laguna: cada tóxico que entra dispone de un mes entero antes de que la marea lo saque. Conapesca, mientras tanto, fecha con precisión de reloj el cierre del abulón en Baja California, del pulpo en Veracruz, del tiburón en Campeche, Tabasco y Yucatán, hasta el de su propio Dique La Primavera en Sinaloa, con vencimiento exacto al 30 de septiembre. A Ohuira, en cambio, solo la fecha la mesa de diálogo: con actas sin plazo de cierre y comunicados que se renuevan cada mes sin vencer nunca. El camarón y la jaiba que sostienen a las familias pescadoras de la bahía —cuatro mil, según un conteo; seis mil seiscientas personas dependientes día a día, según otro— esperan todavía su propia fecha.

Ese riesgo sin fecha tiene, sin embargo, expediente propio. El Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales registró 383 incidentes por amoníaco en México entre 2000 y 2019, veinte por año, repartidos en trece entidades. En Oaxaca, en 2013, una fuga en un ducto de Pemex dañado por una excavadora privada mató a tres personas y obligó a evacuar a mil quinientas. El patrón atraviesa administraciones sin distinguir colores: en 2021 el Ejército activó el Plan DN-III en el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz; en enero de 2026 una fuga en ese mismo complejo desalojó a más de cincuenta personas en un radio de kilómetro y medio; en mayo de 2026, un incendio alcanzó su Planta VII de Amoniaco. La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia se sumó el 27 de julio al rechazo de Ohuira con la autoridad de quien ya carga ese patrón en el cuerpo de sus propias comunidades. La manifestación de impacto ambiental de 2013 prometió trabajo para tres mil personas durante la construcción y para ciento cuarenta y tres de forma permanente, y autorizó guardar en el sitio 75 mil toneladas métricas de amoníaco anhidro como riesgo aceptable. Los tres mil jornales duran lo que dura una obra; las setenta y cinco mil toneladas de amoníaco se quedan sin fecha de caducidad.

La mesa de agosto no nació de buena fe institucional: nació de una derrota judicial que el expediente guarda con nombre y número de oficio. En abril de 2014 la Secretaría de Medio Ambiente firmó el oficio SGPA/DGIRA/DG/03576 y autorizó la planta sin preguntarle nada al pueblo yoreme-mayo, aunque México llevaba desde 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo depositado en Ginebra, y desde enero de 1991 publicado en el Diario Oficial: más de tres décadas de derecho vinculante a la consulta previa, libre e informada, resumidas en un trámite que las saltó por completo. La Segunda Sala de la Suprema Corte corrigió el error en abril de 2022, por unanimidad, y ordenó ocho años tarde la consulta que debió abrir el expediente desde el origen. Semarnat la organizó entre mayo y julio de ese año, en trece asambleas con más de 2,400 personas yoreme-mayo participando, y contó los votos por kilómetro más que por pulmón: las cuatro comunidades que respiran el radio directo de una fuga —Lázaro Cárdenas, Ohuira, Paredones y Juan José Ríos— votaron que no; once comunidades a más de 45 kilómetros, fuera del alcance de cualquier nube tóxica, votaron que sí, y esa distancia decidió por las que están adentro. Hay todavía un dato más filoso que el desequilibrio del conteo: el colectivo ¡Aquí No! sostiene, y así lo recogió Proceso el 2 de julio, que Semarnat firmó el permiso a GPO un día después de cerrada la consulta, antes de que se publicara un solo voto. La estera, dicho llanamente, se repartió antes de que nadie se sentara a votar sobre ella.

GPO reitera su "disposición" y Semarnat propone otra línea base ambiental el 29 de julio, casi calcada del comunicado de "vigilancia permanente" que la propia Semarnat ya había emitido el 21 de junio y que el colectivo ya había llamado insuficiente frente a más de una década de litigio agotado. El Diario Oficial, por su parte, ya había publicado en marzo la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Topolobampo, que viste de política pública la misma infraestructura que la bahía cuestiona. Y en estas mismas semanas el aparato federal corre la etapa informativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: consulta a 16,728 comunidades de 69 pueblos, con la Suprema Corte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y observadores de Naciones Unidas acompañando el proceso, del 1 de julio al 6 de agosto de 2026. Es, casi palabra por palabra, el estándar de consentimiento libre, previo e informado que las comunidades de la bahía denuncian como negado en 2022. Una mano redacta la norma; la otra ya pisó el derecho que esa norma vendría a reconocer.

Detrás de la ambigüedad hay dos precipicios con nombre propio. Declarar ilegal la consulta de 2022 abriría a México la puerta del arbitraje internacional bajo los tratados de inversión con Alemania y Suiza —la misma puerta por la que ya perdió, ante el CIADI, los casos Odyssey Marine y Lion Mexico Consolidated—. Desalojar por la fuerza el campamento de ¡Aquí No! quemaría un capital político que el gobierno necesita conservar. Entre esos dos precipicios queda un tercer camino, barato para quien gobierna y estéril para quien pesca: seguir dialogando. La ambigüedad, sin embargo, tiene límites que conviene nombrar sin adorno. La neutralidad declarada convive con amenazas reales sobre los defensores. El traslado de turbinas de 400 toneladas el 29 de mayo despejó la carretera federal para el acero —cortando la luz residencial de las comunidades para lograrlo— cinco días antes de una sentencia clave: la vía se abrió para la obra antes de que el expediente se abriera para la justicia. Y la cifra del 95 por ciento que la presidenta Claudia Sheinbaum declaró el 30 de junio, más alta que el 80 por ciento que su propia Semarnat había reportado el 12 de junio, más alta que el 88 por ciento que sostienen las comunidades desde su carpa, se lee en dos monedas a la vez: en metros de concreto vertido para la obra, y en garantía de irreversibilidad para quien puso el dinero en Fráncfort. Pero doce años sin un solo desalojo también se leen en esa misma moneda doble: el Gobierno no ha usado la fuerza contra ¡Aquí No! no por generosidad, sino porque doce años de resistencia sostenida ya volvieron cara esa opción. El desgaste, hasta ahora, corre en las dos direcciones.

El dinero, en cambio, sí tiene nombre y apellido bancario. Mil quinientos millones de dólares de inversión total, cerrados en septiembre de 2023; ochocientos sesenta millones de deuda alemana encabezados por KfW IPEX-Bank, con garantía soberana del gobierno de Alemania vía Euler Hermes. La Comisión Federal de Electricidad se sienta a vigilar la bahía desde su papel regulador, y se levanta a cobrar en ella desde su contrato: quince años de suministro de gas, ochenta y un mil millones de BTU diarios, más de dos mil millones de dólares en ingresos garantizados. El árbitro juega también de delantero.

Pero concreto vertido no es amoníaco embarcado. Una planta al 88 o al 95 por ciento todavía necesita arrancar, certificarse y sacar producto por el puerto, y para eso hace falta algo que el dinero alemán no compra solo: paso libre por una entrada que el pueblo yoreme mantiene tomada, de manera indefinida, desde hace días. Mientras esa entrada siga cerrada, el servicio de la deuda de KfW sigue corriendo exista o no exista amoníaco saliendo de Topolobampo. Proman-GPO exhibe su avance de obra como quien exhibe una ley física. El expediente completo, sin embargo, guarda otra lectura: a pocos kilómetros de aquí, en el mismo Golfo de California, Sempra Infrastructure canceló su proyecto gemelo de gas licuado, Vista Pacífico, después de que la Comisión Nacional de Energía le negara el permiso en febrero de 2026; la propia empresa lo reveló en su reporte 10-K ante la bolsa de Nueva York. Un megaproyecto con años de avance y miles de millones invertidos pudo morir en un archivo de la SEC. El hecho consumado no es destino: es una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste no gana quien vertió el concreto más rápido. Gana quien aguanta más tiempo de pie en la entrada.

Todo esto se mide en cuerpos concretos tanto como en contratos y reportes trimestrales. Desde diciembre de 2022, cuatro voceros del colectivo —Claudia Susana Quintero Sandoval, Melina Maldonado Sandoval, Irene Díaz López y Felipe Montaño Valenzuela— viven bajo el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos. En febrero de 2024, personas no identificadas intentaron subir por la fuerza a una de ellas a una camioneta; logró escapar. Maldonado Sandoval vive desplazada de su comunidad de origen, con la vivienda cercada de alambre de púas. Un juez exige que las comunidades prueben el daño de una planta que todavía no opera; Claudia Quintero ya dejó la pregunta tendida sobre el expediente: ¿cómo demostrar un daño que la empresa todavía no ha instalado? Una manifestante, frente a la misma bahía, resumió el cálculo completo en una frase que no necesita glosa: mi futuro no está en venta.

El mismo tejido extractivo se cose, ese 3 de agosto, con otra aguja y a varios estados de distancia. El Consejo de Administración de Industrias Peñoles agradeció en seis renglones los diecisiete años de Juan Francisco Beckmann Vidal en su mesa directiva, con fecha exacta y firma corporativa. Diecisiete años de un consejero minero caben en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. Doce años de resistencia yoreme —amparos, una consulta diluida, botones de pánico, un intento de desaparición— todavía buscan ese mismo formulario. Un capital extractivo se cuenta en actas de consejo; el otro, en cuerpos y en carpas.

Mientras GPO redacta comunicados y Semarnat prepara nuevas líneas base, ¡Aquí No! y desInformémonos convocan, en esos mismos días de agosto, a diseñadorxs, grabadorxs y "cualquier persona solidaria" de todo el país para sumar imagen propia a la campaña contra la planta. Esto no es gesto simbólico de despedida: es reclutamiento activo, ampliación deliberada de una red que lleva doce años sin romperse. Un movimiento que se preparara para rendirse cerraría filas, no abriría convocatoria pública pidiendo manos nuevas. Dos hombres de la comunidad, sombrero de palma y cachucha, sostienen con la mirada lo que ningún render corporativo enseña, mientras el llamado sigue circulando y sumando gente que antes no estaba.

Doce años de litigio llegan, en agosto, a una puerta que se abre para que alguien se siente. Esos mismos días, el pueblo yoreme tomó la entrada de la planta y anunció que ahí se queda el tiempo que haga falta; esos mismos días convocó a diseñadorxs de todo el país a sumarse a la campaña. Un 88 o un 95 por ciento de obra mide metros de concreto. No mide cuánto tiempo más aguanta de pie la gente que sigue en esa entrada, porque de eso no existe porcentaje ni reporte trimestral que lo capture. Proman-GPO volvió a sentarse a dialogar el 1 de agosto después de doce años de litigio que no logró cerrar: ese regreso a la mesa también es una cifra, aunque ningún comunicado corporativo la publique. La bahía sigue midiendo en mareas de treinta días lo que Topolobampo mide en dólares y en porcentaje de obra. Y la estera que se repartió antes del voto, en 2022, todavía espera dueño final, porque quien debía sentarse en ella sigue de pie en la entrada de la planta, sin moverse, doce años después.

Lo que decide Ohuira no es el juez ni el comunicado: es cuánta gente aguanta de pie en esa entrada para que la planta no arranque. Por eso apoyar no es acompañar la lucha desde afuera —es la lucha misma. Cada mano que se suma alarga el desgaste del lado del pueblo y acorta el del capital que necesita ver amoníaco saliendo del puerto. Si eres artista visual, tu trazo es cuerpo puesto en esa báscula: comunícate con el colectivo ¡Aquí No! Si no eres artista visual, tu presencia, tu tiempo y tu voz pesan lo mismo: comunícate con el colectivo ¡Aquí No! Resistir frente a la planta es lo único que hasta hoy ha impedido que opere. El Bawe Ania no está en venta, y sostenerlo se hace con muchas manos, no con una sola carpa.

Fuentes

Notas de agosto de 2026 (aportadas en esta sesión):

• Industrias Peñoles — Evento relevante: Renuncia Consejero Propietario (3 ago 2026)
• Luznoticias — GPO reitera disposición para cumplir acuerdos y continuar el diálogo sobre el proyecto en Topolobampo (29 jul 2026)
• El Siglo de Durango / Julio César Ramírez — Crece el rechazo a planta de amoniaco (1 ago 2026)
• Ríodoce / Luis Fernando Nájera — Aquí ¡No! se reúne con funcionarios de Proman-GPO... (4 ago 2026)
• Desde los Pueblos — Pueblos indígenas defienden la Bahía de Ohuira contra planta de amoníaco
• EFE / udgtv — Aquí nos quedaremos, pueblos indígenas firmes tras tomar planta de amoniaco en México
• Conapesca / gob.mx — En agosto comienza la veda de abulón, langostino, pulpo y tiburones
• @desinformemonos (Instagram) — campaña gráfica ¡AquíNo!
• Díaz-Gaxiola, J.M. — La paradoja de Owen (Ra Ximhai, vol. 14, 2018)